A- de 2020

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil del Circuito del Departamento Archipiélago de San Andrés y el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés.

Constata la Corte que en el presente caso sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, luego de que el primer despacho mencionado decidiera tomar las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para declarar la nulidad de todo lo actuado por el juez de primera instancia y, por esa vía, abstenerse de resolver la impugnación.

Considera la Sala que con dicha actuación se afectó no solo la celeridad y eficacia en la administración de justicia y la protección a los derechos fundamentales de la accionante, sino que desconoció el principio de perpetuatio jurisdictionis.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la precitada autoridad, para que de manera inmediata profiera el fallo de segunda instancia a que haya lugar.

Así mismo, se le advierte que, en lo sucesivo, se abstenga de decretar la nulidad de lo actuado en primera instancia con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1983 de 2017.

Al otro juzgado se le advierte que, los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.